El pasado 15 de febrero de 2023, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), a través de la Resolución 101 034A del 19 de diciembre de 2022, convocó la cuarta subasta de expansión para asegurar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica a largo plazo a través de la asignación de obligaciones de energía en firme (OEF).

Los años 2021 y 2022 estuvieron marcados por un fuerte incremento en la inflación y en las tasas de interés del Banco de la República como medida de la política monetaria. Como consecuencia de lo anterior, el endeudamiento asociado al IPC y al IBR que tomaron distintas entidades del sector real y de servicios se ha encarecido, colocando a los deudores en situaciones de estrés de caja adicionales a las que ya se venían presentando como consecuencia de los efectos de la pandemia de covid-19.

Luis Armando Tolosa

En el último año se han cerrado importantes financiaciones de originadores de cartera. Solo en el último trimestre, RappiPay cerró un crédito sindicado de $500.000 millones para originar tarjetas de crédito; Credivalores, de 350.000 millones; y ExcelCredit, de 135.000 millones, para aumentar su cartera de libranzas.

Vale la pena pasar por algunos de los impactos que tiene en estas financiaciones el hecho que el activo financiado sean libranzas, tarjetas de crédito y, en general, créditos de consumo. Por un lado, en la medida que a los clientes del originador (tarjetahabientes, asalariados, pensionados) se le exige de forma mensual el pago de capital e intereses de sus créditos, estas financiaciones están estructuradas para que, en cuanto se recaude la cartera de los clientes, el originador amortice su financiación en periodicidades iguales o similares.

Por lo tanto, tiene sentido que estas financiaciones sean rotativas, puesto que en la medida que el recaudo de la cartera le permita al deudor amortizar su financiación periódicamente, y mientras el flujo de la cartera sea constante, el deudor está en capacidad de solicitar nuevos desembolsos contra el capital amortizado.

Esto, por supuesto, conlleva a que se causen comisiones de disponibilidad sobre el capital no desembolsado.

Por esta razón es común que estas financiaciones sean de corto plazo (36 – 48 meses), pero que contemplen la posibilidad de incrementar el cupo y/o plazo (upsizing), según el comportamiento de la cartera.

Sin duda, la cartera constituye el aspecto central para la bancabilidad de estas financiaciones. De ahí que la garantía de estas financiaciones sea cartera que cumpla ciertos criterios de elegibilidad (mora, provisiones), pero que también garantice en un número de veces el capital desembolsado (entre 1,1 o 1,3 veces). Esto, a su vez, presupone el reto de lograr una estructura que logre aislar la cartera garantizada ante riesgos de contagio por la insolvencia del deudor.

Ante este reto, los financiadores están muy inclinados por estructuras remotas a la bancarrota a través de patrimonios autónomos de deudores o vehículos especiales, en las que el originador no sea el deudor. En este tipo de estructuras se debe regular con detalle las relaciones entre el originador y el vehículo, y el título mediante el cual se transfiera la cartera del originador al vehículo. En Colombia, es muy importante para este análisis de Central Papelera y Recaudo Bogotá de la Superintendencia de Sociedades.

Aunque sin duda existe una lista larga de aspectos que deben ser tenidos en cuenta en estas financiaciones (la vinculación de los recaudadores de la cartera, las particularidades regulatorias del activo financiado, si el originador tiene la expectativa de convertirse en entidad financiera, y los siempre típicos “dolores” tributarios y contables), esta columna debe leerse como un primer esfuerzo por dar una visión panorámica sobre las financiaciones de cartera en Colombia.

Fuente: Asuntos Legales Link

Para la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura, los concesionarios obtienen recursos del mercado financiero internacional, entre otros, y proyectan su modelo financiero considerando un límite en la subida del precio del dólar, pues son ellos quienes asumen el riesgo cambiario, al menos parcialmente. Sin embargo, dada la diferencia que resulta de la devaluación actual del peso, algunos proyectos no deben estar generando los ingresos necesarios para el pago de los compromisos asumidos ni la rentabilidad esperada.

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