En la COP16, Colombia presentó el Plan de Acción 2030 con 6 metas nacionales para apoyar las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad.
Mateo Mendoza, socio de Mendoza, una firma de abogados conocida por su especialidad en deuda, deuda soberana y green finance, explica los retos para financiar el Plan de Acción 2030 e instrumentos disponibles para superar dichos retos.
¿Qué es el Plan de Acción 2030?
El Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030 es un compromiso adquirido por Colombia y cada uno de los 195 países que participaron en la COP15, en Montreal, en el 2022, de presentar un plan de acción nacional de biodiversidad.
Este plan establece 6 metas nacionales y 191 acciones estratégicas que incluyen programas desde cooperación con Brasil y Perú para la conservación de la Amazonía hasta el aumento del 68% del caudal con tratamiento de aguas residuales.
¿Cuáles son las necesidades de financiación del Plan de Acción 2030?
Es de 76,5 billones de pesos, contados desde el año 2023 hasta el 2030, que implica una ejecución anual de 10,9 billones de pesos. Se estima que alrededor del 65% se cubra con recursos públicos. El reto es enorme.
Cuéntenos, por favor, de dónde saldrán los recursos.
El Plan de Acción identifica diversas fuentes para su financiación, incluyendo el uso de bancos de hábitat financiados con recursos de compensación ambiental y aportes voluntarios privados, gasto con cargo al presupuesto público, líneas de crédito verde y fondos comunitarios.
Entonces, en su opinión, ¿esos instrumentos son insuficientes?
Los bancos de hábitat son poderosos para la recuperación y conservación de ecosistemas. Pero su fondeo sigue siendo bajo y hay otras acciones que escapan de la órbita de dichos bancos de hábitat. Es necesario vincular el capital privado para apoyar todo el Plan de Acción, particularmente ante la actual coyuntura que presiona una disminución considerable del gasto público al tiempo que la regla fiscal limita al gobierno su acceso a deuda.
Explíquenos qué instrumentos hay para vincular al sector privado.
Hay tantos instrumentos como la creatividad lo permita. Durante la COP16, Davivienda, BBVA y el IFC anunciaron la emisión y colocación de bonos de biodiversidad cuyos recursos serán destinados a la financiación de programas de conservación, restauración y recuperación de biodiversidad. Pero se necesita mucho más. Es necesario alinear la biodiversidad que es insignia del Gobierno con estímulos al sector privado.
¿Incentivos tributarios?
No solo tributarios. Creo que se deben flexibilizar las reglas de fondeo de bancos y otros establecimientos de crédito para fondearse en el mercado de capitales – que por cierto necesita de otro estímulo – con títulos alineados con las metas de biodiversidad, y que ese tipo de fondeo sea considerado estable si sus recursos se destinan a originar cartera asociada a dicha biodiversidad, reduciendo así la problemática de fondeo de esas instituciones. También se puede discutir una ponderación especial de cartera de biodiversidad para reducir el costo de capital de esas instituciones. Este no es un tema del gobierno actual. La biodiversidad y, en general, los principios ESG, han ido permeando toda la regulación. Por eso estoy convencido que alineando la regulación bancaria a la biodiversidad se puede vincular mucho capital privado.
¿Qué pasa en materia internacional?
Algunos países ya han adoptado incentivos en su regulación bancaria. También se han planteado maneras de “monetizar” los ecosistemas. En una propuesta del Finance for Development Lab¸en la que participó Joseph E. Stiglitz, se propone aumentar el plazo de amortización de la deuda soberana de ciertos países a cambio de tomar acciones concretas en materia de cambio climático. La propuesta de ampliación es de hasta 5 años para reducir el costo anual de la deuda y así liberar recursos en cada ejercicio fiscal que se destinen a dichas acciones climáticas.
Pero, ¿sí hay experiencias en ese sentido?
La propuesta del Finance for Development Lab es muy reciente, de julio de 2024. Pero hay otras experiencias que fueron, en mi opinión, más difíciles de lograr. En países del Commonwealth han existido incluso canjes de deuda por acción climática (debt for climate swaps). Seychelles, Barbados y Belice lograron reducciones parciales de su deuda a cambio de acciones para la protección marina y el cambio climático. Belice, por ejemplo, tomó un “préstamo azul” para readquirir US$553 millones de su deuda a un descuento del 45%, es decir con un ahorro de US$189 millones. El “préstamo azul” requiere que dichos ahorros sean invertidos, en un periodo de 20 años, en conservación marina. Hay mucho por hacer y proponer en materia de deuda soberana.
¿Y Mendoza cómo interviene?
Nos encantaría apoyar al Gobierno en soluciones creativas para el manejo de la deuda soberana que permita reducir su costo anual y destinar recursos al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción. No está de más proponer algunos cambios regulatorios; también apoyamos al sector privado en la vinculación de su capital. El trabajo es enorme, pero estamos listos. Queremos proteger la biodiversidad, es parte de nosotros, pero sabemos que se necesitan soluciones justas con todos los actores para que sean eficientes y oportunas.
